A partir del 1 de abril de 1993, los Departamentos de Servicios Sociales de las autoridades locales serán los principales responsables de evaluar y satisfacer las necesidades de asistencia social. Además, la responsabilidad de financiar las plazas para las personas que no puedan hacer frente al coste de la vida en una residencia o residencia de ancianos privada o voluntaria pasará del Departamento de Seguridad Social a los Departamentos de Servicios Sociales.
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